Aunque los directores del Fondo Monetario Internacional elogiaron a las autoridades dominicanas por el “sólido desempeño de económico” en República Dominicana, también le aconsejaron “aprovechar el entorno favorable actual” para aumentar aun más la resistencia de la economía a las posibles y futuras situaciones de crisis, mediante condiciones fiscales más sólidas y con mayores reservas.
Entre los factores positivos de ese desempeño, resaltaron la reducción sustancial de la pobreza, la desigualdad y una convergencia continua hacia niveles más avanzados de la economía.
Pero, si bien las perspectivas continúan siendo favorables, también “están sujetas a riesgos”, y a “cuellos de botellas estructurales”, observan.
Según el FMI, la política fiscal del país enfrenta el reto de mantener la sostenibilidad en un contexto de endeudamiento.Destaca que la deuda pública consolidada mantiene una tendencia creciente, y para el 2018 la estima en 53.1% del PIB, como resultado de “déficit estructurales persistentes”, que en promedio estima en alrededor de 4.5% del PIB.
Sus opiniones están incluidas en el informe sobre la consulta correspondiente al Artículo IV sobre República Dominicana, para 2019. En este tipo de informe anual el FMI expresa sus opiniones sobre la economía, tras la visita de la su misión de consulta a las autoridades de los países miembros.
En concreto, subrayaron la necesidad de un ajuste fiscal frontal dirigido a ampliar la base impositiva y a reducir la pesada carga del sector eléctrico en el presupuesto público, al tiempo que proteja el espacio fiscal para impulsar el crecimiento de la inversión pública y el gasto social.
La Ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, promulgada en enero del 2012, en su artículo 36 manda que en un plazo de 3 años, desde su entrada en vigor, que el Gobierno convoque a las fuerzas económicas y políticas para consensuar y alcanzar a un pacto fiscal orientado a la transparencia en el gasto, a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Han pasado casi 9 años, y los gobiernos sucesivos han incumplido sus mandatos en medio de escenarios marcados por denuncias sobre irregularidades en el uso de los fondos públicos, déficits fiscales persistentes y acelerado crecimiento de la deuda pública.
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